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El fiscal general Diego Luciani, junto al fiscal adjunto Sergio Mola, pidió medidas urgentes al Tribunal Oral Federal 2 para asegurar los bienes de Lázaro Báez, después de que una investigación en Río Gallegos revelara que el empresario seguía administrando, explotando y cobrando rentas de propiedades incluidas en las órdenes de embargo y decomiso de las causas Vialidad y Ruta del Dinero K. Algunas de esas propiedades ya fueron registradas a nombre de la Corte Suprema para ser rematadas.
«Se impone de manera inmediata, teniendo en cuenta la gran cantidad de bienes inmuebles vinculados a Lázaro Antonio Báez, que ya fueron incluidos en la orden de decomiso emitida por el tribunal, disponer medidas de aseguramiento sobre todos los bienes», sostuvieron los fiscales en su escrito. El tribunal acusó recibo y supeditó la respuesta a otras gestiones y pedidos de información en curso sobre los decomisos.
Órdenes desde Ezeiza
La causa que lleva el fiscal federal de Río Gallegos Julio Zárate, con intervención de la PROCELAC, sostiene que Báez daba instrucciones desde la cárcel de Ezeiza para alquilar y explotar esos bienes, junto con su pareja, Claudia Insaurralde, y otros colaboradores, en el marco de una presunta asociación ilícita dedicada al lavado de dinero. Según la acusación, la estructura habría movilizado unos $390 millones.
La fiscalía remarcó que los investigados no crearon empresas nuevas para blanquear fondos, sino que operaron sobre un patrimonio que ya estaba bajo embargos y decomisos firmes, con el objetivo de evitar su ejecución. Báez debe responder al decomiso de 55 millones de dólares de la Ruta del Dinero K y de $685.000 millones del caso Vialidad.
Entre las pruebas presentadas en la audiencia de formalización figuran escuchas telefónicas en las que el empresario da órdenes sobre la administración de estancias en Santa Cruz y unos veinte documentos secuestrados en su celda, con anotaciones sobre los bienes que explotaba y cuánto cobraba por ellos.
