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El Gobierno volvió a negar la existencia de un contrato firmado entre Javier Milei y el empresario cripto Hayden Davis, responsable del lanzamiento del token $LIBRA, y defendió su accionar investigando internamente el criptoescándalo y colaborando con la justicia.
La respuesta se dio en el marco de las consultas enviadas al Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, como parte del informe de gestión que presentará este miércoles en el Palacio Legislativo. Así consta en el documento de casi dos mil páginas remitido por la Casa Rosada apenas unas horas antes de la exposición del funcionario.
El tema $LIBRA fue uno de los diez más consultados, con un total de 75 preguntas de las 2.151 vinculadas al rol de Milei, la Secretaría General de la Presidencia a cargo de Karina Milei, el entonces vocero Adorni, y el asesor Santiago Caputo.
El Ejecutivo respondió una extensa consulta de la Coalición Cívica, que indagó sobre las comunicaciones del Gobierno con el lobbista Mauricio Novelli durante los días 14 y 15 de febrero de 2025, fecha en que se lanzó la criptomoneda. También preguntaron por la existencia del contrato entre Milei y Davis, publicado por Clarín a fines del año pasado, y por un documento hallado en el teléfono de Novelli que sugiere posibles pagos de hasta 5 millones de dólares vinculados al proyecto.
El Gobierno se excusó de brindar varias respuestas amparándose en una «investigación judicial en curso». Además, desacreditó las revelaciones obtenidas de las conversaciones en el teléfono de Novelli al calificarlas como «informaciones periodísticas derivadas de supuestas filtraciones del expediente judicial cuya autenticidad no ha sido verificada».
Esta postura es la misma que expresó el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, quien cuestionó el contenido del peritaje por posibles fallas en la cadena de custodia.
Asimismo, el Ejecutivo negó tener conocimiento de «supuestos acuerdos, convenios, cartas de intención, memorandos u otros instrumentos jurídicos —formales o informales— entre el Poder Ejecutivo Nacional, el Presidente de la Nación o la Secretaría General de la Presidencia con el señor Hayden Mark Davis», argumentando que «en los registros y documentos de la Administración Pública Nacional no existen constancias» al respecto.
En otro tramo del informe, el Gobierno defendió la autoinvestigación realizada por la Oficina Anticorrupción (OA), que constituyó una Unidad de Tareas de Investigación integrada únicamente por María Florencia Zicarelli, colaboradora de Santiago Caputo. La OA concluyó que Milei «no infringió la ley» al promocionar el enlace del token $LIBRA.
También se mencionó una investigación interna de la Comisión Nacional de Valores (CNV) sobre el rol de Sergio Morales, consultor del Directorio y socio de Novelli en la organización del Tech Forum. Sin embargo, el proceso no avanzó debido a la renuncia de Morales.
El Ejecutivo afirmó que respondió a todos los pedidos del Poder Judicial, actuando «en todo momento dentro del marco de sus competencias institucionales». No obstante, omitió mencionar que se negó a responder los requerimientos del Poder Legislativo a través de la Comisión Investigadora $LIBRA, que solicitó declaraciones al presidente, a la Secretaría General Karina Milei y a más de treinta funcionarios y testigos, ninguno de los cuales compareció.
Además, no brindó respuestas sobre el rol de Adorni durante su gestión como vocero ni aclaró si estuvo a cargo de preparar los mensajes que Milei ofreció en una entrevista con Jonatan Viale tras el escándalo. Alegaron que no corresponde al Jefe de Gabinete referirse a ese asunto.
En cuanto a otras consultas, el Ejecutivo solo respondió la pregunta enviada por la Coalición Cívica relativa a la causa judicial $LIBRA. En las restantes 78 preguntas vinculadas al criptoescándalo, remitieron a la respuesta mencionada al inicio del informe.
Bajo ese argumento, varias preguntas quedaron sin contestar, como por qué ni Milei ni Karina acudieron al Congreso para explicar su rol en el escándalo (Pregunta N°160), o quién proporcionó al presidente el contrato inteligente publicado en su cuenta de X (N°162 y N°226).
Tampoco se respondió quién es el abogado que defiende a Milei en la causa (N°1081), ni si el vocero estuvo en la Quinta de Olivos durante el lanzamiento del token (N°1356). Otra consulta pidió que se detalle en qué áreas del Poder Ejecutivo se buscó la existencia del contrato entre Milei y Davis (N°1359).
Finalmente, quedó sin respuesta si Milei «fue víctima de un engaño» por parte de Davis, Novelli, Manuel Terrones Godoy y Julián Peh (N°1358), y, de ser así, por qué no se presentó ninguna demanda civil ni denuncia penal desde el Gobierno.
