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La prohibición de las apuestas deportivas y los casinos online, decretada el viernes por el presidente Lula da Silva, cuando se acercan los comicios presidenciales del 4 de octubre, entra este lunes en vigencia activa, mientras siguen sumando fuertes críticas de diversos sectores, en especial desde el mundo del fútbol, pese a un mayoritario apoyo popular.
El mandatario hizo el anuncio en un acto político en San Pablo, una medida que calificó de “dura, drástica y necesaria” y que busca ayudar a miles de familias endeudadas por las apuestas y como un modo de atenuar las ludopatías que aquejan a muchos ciudadanos. La decisión, que el presidente calificó como “prohibición definitiva”, engloba “todos los tipos de apuestas digitales”, así como la publicidad de las empresas del sector.
La medida, adoptada mediante un decreto provisional, entra en vigor tras su publicación en el Diario Oficial y deberá ser ratificada por el Congreso, que dispone de 120 días. Según un sondeo de AtlasIntel, la apoya el 75% de la población, en especial el sector femenino.
Flávio Bolsonaro, principal candidato de la oposición, acusó a Lula de promover una “estafa electoral” al anunciar la prohibición a solo nueve días del llamado a las urnas. Flávio lo responsabilizó por la expansión de las apuestas en Internet y cuestionó que la prohibición haya sido adoptada mediante una medida provisional. “Fue su Gobierno el que las legalizó y ahora, por motivos electorales, anuncia su prohibición”, sostuvo.
La decisión provocó también una reacción de los clubes de fútbol, que se han convertido en uno de los principales receptores de los recursos de las empresas de apuestas. Al menos 13 de los 20 equipos de la primera división brasileña tienen actualmente acuerdos comerciales con compañías del sector, por un valor conjunto estimado en unos US$ 200 millones anuales.
Flamengo advirtió que la prohibición “afecta en lleno” al deporte brasileño y tendrá impacto desde el fútbol profesional y de base hasta el fútbol femenino y los deportes olímpicos. Fluminense, por su parte, pidió una transición para que los clubes puedan adaptarse al fin de estos patrocinios, que se han convertido en una importante fuente de ingresos para el fútbol brasileño.
Los clubes, que junto con los demás equipos de la primera división ya habían expresado la semana pasada su rechazo a una eventual prohibición, advirtieron este fin de semana que la medida puede favorecer al mercado clandestino que podría ocupar el espacio dejado por las empresas autorizadas.
En este mismo sentido se pronunciaron la Asociación Nacional de Juegos y Loterías (ANJL), el Instituto Brasileño de Juego Responsable (IBJR) y las 85 empresas que tenían licencia para operar, al afirmar en un comunicado conjunto que “la prohibición no acaba con las apuestas en Brasil sino con la protección de quien apuesta”.
Las entidades sostienen que la medida puede llevar a los usuarios hacia plataformas clandestinas, donde no existen los mismos mecanismos de fiscalización, protección del consumidor y prevención del juego problemático que en el mercado regulado.
El ministro de Hacienda, Dario Durigan, anunció además el envío de un proyecto de ley para tipificar como delito la explotación ilegal de apuestas y reforzar la lucha contra el juego clandestino.
Lula defendió con vehemencia la decisión al comparar el avance de las apuestas con “un cáncer”.
“Es algo espeluznante; me recordó al comienzo del crack en este país. Las apuestas en línea son lo mismo, pero a un nivel muy superior porque son digitales y están al alcance de la mano”, afirmó el mandatario tras firmar la medida. Rechazando las críticas del mundo del fútbol, Lula recordó que Brasil fue cinco veces campeón mundial “sin las bets”, como se conoce a las apuestas en Brasil.
El presidente vinculó las apuestas con el endeudamiento de las familias y ha defendido la necesidad de frenar una actividad que, según su Gobierno, puede agravar los problemas financieros de los hogares.
La decisión supone un giro respecto a la política adoptada durante el actual Gobierno. Brasil autorizó las apuestas en 2018 y las reguló en 2023. Desde enero de 2025, las empresas que obtuvieron licencia pasaron a operar en un mercado regulado, con impuestos y mecanismos de control. Un total de 85 compañías habían recibido autorización para funcionar legalmente.
En 2025, unos 25 millones de brasileños realizaron apuestas por un volumen estimado de 220.600 millones de reales (unos 42.500 millones de dólares), mientras que la recaudación tributaria asociada al sector rondó los 9.000 millones de reales (US$ 1737 millones). Esa cifra ya había sido superada durante los primeros ocho meses de 2026.
Al defender su medida, el presidente Lula afirmó que las apuestas digitales se convirtieron en un fenómeno “sin control” y relató algunos testimonios de víctimas con las que conversó y que sufrieron pérdidas millonarias, intentos de suicidio y hasta la pérdida de parientes próximos.
“Un pequeño empresario tenía una deuda de 2,2 millones de reales (unos 420.000 dólares). Vendió su comercio y mintió para todo el mundo hasta que tomó conciencia y ahora se está tratando. (…) Llegó a realizar hasta 1.300 transferencias bancarias para una misma plataforma”, señaló el presidente.
“No es una broma, es una cosa muy seria que está afectando a la salud mental de millones de personas, personas pobres”, reclamó el jefe de Estado. “Es como el cáncer, o extirpamos el tumor o el tumor acaba con nosotros”, añadió.
El texto contempla un corto período de transición. La fecha límite es el 6 de octubre, dos días después de la primera vuelta electoral. A partir de ese día no habrá páginas webs, ni aplicaciones ni publicidad de las llamadas “bets”.
El gobierno planea devolver 1.700 millones de reales (US$ 328 millones) a los apostadores una vez finalizada la temporada de apuestas, según informó este fin de semana el ministerio de Hacienda. Los apostadores tienen hasta el 5 de octubre para retirar voluntariamente el saldo restante de sus cuentas. Al día siguiente, 6 de octubre, los sitios web y las aplicaciones de apuestas dejarán de funcionar.
