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La provincia de La Pampa logró una primera victoria judicial en la disputa por las regalías de las centrales hidroeléctricas de Los Nihuiles. La Justicia federal declaró inaplicable y suspendió provisoriamente el decreto nacional que había excluido a La Pampa del reparto con Mendoza. Aunque el conflicto de fondo sigue abierto, el gobernador Sergio Ziliotto sostiene que un acuerdo firmado entre tres partes no puede ser anulado unilateralmente por una sola de ellas.
“Es un decreto innecesario, inviable y descabellado. Cualquier alumno de primer año de Derecho entiende que un acuerdo entre tres no se puede anular unilateralmente”, afirmó Ziliotto durante una entrevista con Clarín en su despacho del Centro Cívico de Santa Rosa. En la conversación, que transcurrió entre café, mate y medialunas, se analizaron decretos, convenios y fallos judiciales.
El acuerdo original data de 1992, cuando la Nación transfirió a Mendoza las obras hidroeléctricas con el consentimiento de La Pampa y con el compromiso de repartir las regalías en partes iguales. “Fue homologado por la Corte Suprema y también avalado por las legislaturas de ambas provincias. No hay mayor respaldo jurídico que ese”, enfatizó el mandatario pampeano.
Por su parte, Mendoza argumenta que la totalidad de las regalías le corresponde porque el complejo Los Nihuiles y el tramo del río Atuel utilizado para generar electricidad se encuentran íntegramente dentro de su territorio. Su posición distingue entre el carácter interprovincial del río y la localización de la fuente hidroeléctrica.
El juez federal de Santa Rosa otorgó un plazo de tres días a la Nación para responder y permitió a La Pampa diez días para presentar la demanda de fondo. “Solicitamos la cautelar para frenar los efectos perjudiciales para la provincia y sus municipios, y nos dieron la razón”, señaló Ziliotto.
Los Nihuiles forman parte de la controversia sobre el río Atuel, reconocido como interprovincial por la Corte Suprema. En 2020, el tribunal fijó un caudal mínimo de 3,2 metros cúbicos por segundo para iniciar la recomposición ambiental. “Mendoza incumple esta sentencia desde hace seis años, y la Corte no ha impuesto su cumplimiento”, denunció el gobernador.
La disputa no se inició con el último decreto. En el juicio que Mendoza mantiene ante la Corte Suprema contra el esquema de regalías, el tribunal ordenó dar intervención a La Pampa como cotitular del río. Según Ziliotto, la presentación mendocina ni siquiera reconoce el acuerdo de 1992. “Es una postura que Mendoza sostiene desde hace mucho tiempo”, afirmó.
Ziliotto consideró que el peso económico de las regalías es marginal dentro del negocio hidroeléctrico y que Mendoza busca reforzar su posición en la controversia por el Atuel por una cuestión de principios. En ese contexto, destacó la diferencia con su par mendocino, el radical Alfredo Cornejo: “Él defiende a su provincia, yo defiendo a la mía; acá no meto la grieta”.
El gobernador llevó ese planteo al Congreso nacional: “Tengo un mandato claro: si votara una ley que perjudica a mi provincia —como hubiera sucedido con la eliminación del régimen de zona fría, que beneficia a la Patagonia— estaría traicionando a mi gente y empeorando su situación”, expresó.
En cuanto al Gobierno nacional, advirtió: “Cuenten conmigo para el diálogo, pero no pretendan que entre en una ‘paritaria’ política, ni que acepte canjear lo que nos corresponde por un voto”. Y planteó una condición para debatir las reformas pendientes: “Cuando definamos roles, definamos también los recursos”.
La discusión sobre la administración y el financiamiento de los recursos atraviesa otros ámbitos, como el vial. La Pampa recibe parte del tránsito pesado que cruza su territorio rumbo a Vaca Muerta, en Neuquén. Según Ziliotto, el deterioro de las rutas nacionales ha desviado a los camiones hacia caminos provinciales que no fueron diseñados para soportar esas cargas. “La mano que va hacia el sur está hecha una palangana. La otra está casi intacta porque los vehículos regresan vacíos”, ejemplificó.
Ante esta situación, el Ejecutivo provincial envió un proyecto a la Legislatura para cobrar un peaje al transporte pesado que no paga la patente en La Pampa. Automóviles y vehículos pesados que ya tributan en la provincia quedarían exceptuados para evitar una doble imposición. “No voy a cobrar peaje a un auto, sea pampeano o no”, aclaró Ziliotto.
Respecto a las objeciones por el aumento del costo logístico, respondió: “No es coercitivo. Pueden seguir utilizando las rutas nacionales si no quieren pagar peajes en las rutas provinciales. La elección es de ellos”.
Paralelamente, la provincia solicitó administrar 600 kilómetros de rutas nacionales junto con otros 800 de su red provincial. Sin embargo, el traspaso está demorado por la falta de financiamiento. “No puedo mantener una ruta nacional sin recursos asignados”, advirtió Ziliotto.
La discusión sobre quién asume los costos también alcanza el plan energético pampeano. La provincia no tiene deuda con CAMMESA y estima que destina cerca de 80 millones de dólares para comprar energía fuera de su territorio. El plan local busca reducir progresivamente esa factura mediante un aumento en la generación propia y una mayor entrega de energía a la red.
La estrategia combina generación propia, asociaciones público-privadas y programas de eficiencia energética. El 5% de las regalías hidrocarburíferas, que el último año ascendieron a unos 3.571 millones de
