La temible organización «Bala na cara» en Argentina: seis tiros por la espalda a un kiosquero por el secuestro de 155 kilos de droga

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Dos sicarios vinculados a la organización criminal “Bala na cara” de Porto Alegre comenzarán a ser juzgados este martes en Posadas por el asesinato de un comerciante acusado de haber facilitado el secuestro de más de 150 kilos de marihuana. El ataque ocurrió en la madrugada del 8 de mayo de 2022 y los acusados fueron detenidos cuando intentaban abordar un ómnibus con destino a la frontera.

La temible organización «Bala na cara» en Argentina: seis tiros por la espalda a un kiosquero por el secuestro de 155 kilos de droga

David Wesley De Oliveira Silva (26) y Gabriel Guimaraes Da Silva (24) están imputados por haberle disparado seis veces con una pistola nueve milímetros a Cristian Javier Díaz (31) en su kiosco ubicado en la intersección de las calles 95 y 74, en el barrio Yacyretá. Un intermediario local, que proporcionó el arma y la logística para consumar el ataque, aún no ha sido detenido, aunque fue identificado por la División Homicidios de la Policía de Misiones.

Ambos asesinos, oriundos de Porto Alegre, Brasil —a 750 kilómetros de Posadas—, serán juzgados por el tribunal integrado por César Yaya, Martín Rau y Augusto Busse. Los jueces dispusieron la presencia de dos traductores durante todas las audiencias, dado que los acusados afirmaron no comprender ni expresarse en español.

Los brasileños ingresaron al país por Santo Tomé el 3 de mayo y se alojaron en el barrio Luis Piedrabuena, donde residía el contacto local de la banda. Este hombre, de apellido Rodríguez, sería quien les proporcionó la pistola utilizada en el crimen y el Fiat Duna blanco en el que se dirigieron al kiosco de Díaz.

El negocio del comerciante permanecía abierto las 24 horas, por lo que no le llamó la atención que, alrededor de las 3 de la mañana del domingo 8 de mayo, alguien llamara con las palmas en la ventana. Los atacantes se hicieron pasar por clientes y pidieron una cerveza. Cuando Díaz se dio vuelta, le dispararon seis tiros a corta distancia; un séptimo proyectil impactó en un estante del local.

La esposa de Díaz escuchó los disparos y buscó proteger a sus hijos, pero logró advertir el color del vehículo en el que huyeron los asesinos, dato que resultó clave para la investigación. Los policías contrastaron esta información con testimonios de vecinos, quienes vieron a dos personas correr y abordar un Duna blanco conducido por una tercera persona a baja velocidad.

A través de las cámaras del sistema 911, se reconstruyó el recorrido del automóvil, que presentaba la particularidad de que no todas sus luces funcionaban. El último registro fue su ingreso al barrio Luis Piedrabuena, cerca de la terminal de ómnibus de Posadas.

Los agentes de Homicidios localizaron el auto en una vivienda de ese barrio y establecieron una vigilancia encubierta. El 9 de mayo, dos jóvenes salieron de la casa para abordar un remís que los llevaría hasta la estación donde tomarían un colectivo con destino a Santo Tomé, Corrientes, paso internacional utilizado para regresar a Porto Alegre.

Días después, la Policía Civil de Brasil confirmó que De Oliveira Silva tenía antecedentes por tenencia de drogas y armas, robos agravados, y que formaba parte de la organización criminal “Bala na cara”, una de las más violentas del estado de Rio Grande do Sul. Esta banda ya mantenía vínculos con narcotraficantes que operan en Misiones.

Aunque no se pudo comprobar fehacientemente, existe una firme sospecha de que la banda que proveía marihuana a los brasileños tenía certeza de que Díaz había aportado información que facilitó el decomiso de una camioneta con 155 kilos de droga, incautada en octubre de 2021 frente a la vivienda donde se alojaron los sicarios.

Tras su detención, los acusados fueron alojados en la Seccional Sexta de Posadas, donde al día siguiente se filmaron bailando y festejando con otros detenidos el “éxito” de su operación en territorio misionero. La difusión de esas imágenes derivó en la remoción de los jefes de la comisaría y el traslado de los sospechosos a cárceles federales.

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