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Lo que comenzó como la exhibición de un logro tras una gestión cuestionada del exgobernador Alberto Rodríguez Saá, derivó en un escándalo político que afecta al actual gobierno de San Luis. La recuperación de un campo estatal de casi dos mil hectáreas, en el que se había sembrado maíz, derivó en una causa judicial contra funcionarios públicos por el destino de la cosecha.
Un alto funcionario del gabinete del gobernador Claudio Poggi renunció y fue procesado, mientras que un ministro del Superior Tribunal de Justicia aparece involucrado en la investigación. Además, el exgobernador Adolfo Rodríguez Saá, hasta hace poco aliado de Poggi, también se sumó al debate, generando mayor repercusión política.
El foco de la controversia es el campo denominado “El Caburé”, cuyo predio de 1997 hectáreas se encuentra en el sur de la provincia y que el Estado provincial recuperó en febrero de 2024.
La historia se remonta a 2009, cuando Alberto Rodríguez Saá adjudicó el campo a una sociedad anónima para un proyecto de producción y transferencia de embriones para caballos de polo, con el pago de un canon a la provincia. En 2017, el mismo gobernador firmó un decreto rescindiendo el contrato por “incumplimiento reiterado” de la empresa, entonces a cargo del empresario Daniel Lucero, ordenando la restitución del terreno al Estado. Lucero presentó un recurso administrativo que fue rechazado en 2022.
Tras las elecciones de 2023, Claudio Poggi, con el apoyo de Adolfo Rodríguez Saá, desplazó al candidato Alberto Rodríguez Saá. Pocos meses después de asumir, en febrero de 2024, la Secretaría de Ética Pública y Control de Gestión, bajo la responsabilidad de Ricardo Bazla, confirmó el abandono del proyecto productivo.
El 29 de abril, la provincia tomó posesión del terreno y colocó un cartel en la entrada. Al acceder al campo, encontraron unas 1800 hectáreas sembradas con maíz. El conflicto comenzó cuando los funcionarios intentaron cosecharlo.
Sin fondos para contratar a un cosechador, Bazla encargó al director de Legalidad y Ética Pública, Darío Oviedo Helfenberger —quien ahora está procesado— buscar una alternativa para levantar la cosecha. Apareció entonces el productor rural Francisco Anselmi, dispuesto a trabajar sin cobrar dinero en efectivo, acordando recibir hasta 750 kilos de maíz por hectárea como pago.
Para el momento de la cosecha, Oviedo se desempeñaba como interventor del Municipio Ranquel, donde había una causa judicial contra un exministro de Rodríguez Saá acusado de hacerse pasar por cacique para administrar un campo de 66 mil hectáreas.
Oviedo sostuvo ante Clarín que nunca estuvo a cargo directo de “El Caburé”, pero que, por cercanía, le encargaban supervisar el área. Relató que un ministro le indicó que, ante la proximidad de la época de cosecha, debía consultar algún contratista que pudiera recolectar el maíz. Tras una consulta, contactó a Anselmi y elaboró un borrador de contrato que presentó a su superior, a otro ministro y al Fiscal de Estado.
Además, Oviedo adjuntó conversaciones de WhatsApp con el Fiscal General de San Luis, Víctor Endeiza —primo del vicegobernador y actual miembro del Superior Tribunal de Justicia— donde este último autorizaba la cosecha con un “Sí, cosechalo”. Oviedo usó estos mensajes para defenderse argumentando que cumplió órdenes.
Tras la firma del contrato, Anselmi cosechó 1438 hectáreas. Señaló que recibió 750 kilos por hectárea como pago, pero que debido a condiciones climáticas adversas —sequía y granizo durante el verano— la producción fue inferior y no se completó la cosecha. Calcula que obtuvo un promedio de 635 kilos por hectárea, 115 menos de lo pactado, y que en total sacó 914 toneladas.
El productor manifestó que esta tarea le trajo más problemas que beneficios y que presentó facturas y comprobantes de los gastos realizados. No está imputado en la causa.
La Fiscalía, a cargo de Leandro Estrada, dio crédito al testimonio de Anselmi y asegura contar con pruebas audiovisuales del estado del maíz.
La investigación continuó contra Bazla y Oviedo, por presunto incumplimiento en la preservación del patrimonio provincial, que incluye la cosecha. Ambos están acusados de administración fraudulenta, peculado e incumplimiento de los deberes de funcionario público, aunque no se les imputa haberse apropiado de la cosecha sino la falta de la documentación correspondiente y la pérdida del maíz.
Víctor Endeiza tuvo que prestar declaración aunque no figura imputado.
Mientras los productores estiman que la cosecha podía valer cerca de 2 millones de dólares, la Fiscalía descarta esa cifra, pero sostiene que hubo delito de dos funcionarios por no preservar el maíz estatal. La defensa de Bazla argumenta que no supervisó a Oviedo, quien a su vez asegura que actuó bajo órdenes y no es responsable.
Lejos de tratarse solo de un error administrativo, el escándalo llegó a las reuniones del gabinete de Poggi. El gobernador detalló el caso ante sus funcionarios; Bazla primero pidió licencia y luego renunció, mientras Oviedo renunció previamente.
El fiscal dispone de algunos meses para decidir si eleva la causa a juicio oral o la archiva. Se espera una prórroga, por lo que la definición podría retrasarse hasta el próximo año electoral.
En tanto, Adolfo Rodríguez Saá, otrora
