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Negligencia grave, desidia y mal desempeño en sus funciones. Así concluyó este miércoles un capítulo histórico en el caso que conmovió durante años a Río Cuarto, a Córdoba y a todo el país, con los fiscales pasando de acusadores a acusados.
El hecho: Nora Dalmasso, de 51 años, fue violada y asesinada en su casa de Río Cuarto el 25 de noviembre de 2006.
Las hipótesis iniciales fueron diversas: primero se apuntó a un albañil experto en trepar andamios; luego se sospechó de su hijo Facundo, de 19 años, con quien la víctima mantenía una relación sexual que él rechazaba por su orientación sexual; también se especuló con que el esposo, Marcelo Macarrón, viajó en avión privado hacia Córdoba desde Punta del Este, donde participaba en un torneo de golf; finalmente, se sugirió que Macarrón habría contratado a dos sicarios colombianos para asesinarla y ocultar supuestos manejos financieros oscuros.
Aunque estas teorías hoy pueden parecer descabelladas, durante casi dos décadas fueron las que prevalecieron, sostenidas por sucesivos fiscales: Javier Di Santo, Daniel Miralles y Luis Pizarro.
Los tres fiscales fueron destituidos el pasado 7 de mayo tras un jury iniciado el 21 de abril, que contó con la declaración de unos 40 testigos. Su persistencia en señalar exclusivamente al círculo íntimo de la víctima les impidió detectar al principal sospechoso: el parquetista Roberto Bárzola, de 47 años, a quien recién en 2024 se le extrajo sangre para un cotejo de ADN.
El resultado, conocido a fines de 2025, fue contundente: el ADN de Bárzola apareció en diez puntos de la bata de baño con la que fue ahorcada Nora y un vello púbico suyo fue hallado en los genitales de la víctima. Bárzola, señalado por la familia desde 2007, fue indagado pero solicitó la prescripción de la acusación, pedido al que un juez y la Cámara le dieron curso.
La última esperanza de Marcelo Macarrón, de 66 años, y sus hijos Facundo (39) y Valentina (35) para que Bárzola sea condenado está en que la Corte local revierta esas decisiones, una misión que se presenta compleja.
Este nuevo hallazgo genético puso en la mira la actuación de los fiscales, y este miércoles se dieron a conocer los fundamentos del veredicto del jury que cerró esa etapa de manera definitiva.
Los jueces fueron categóricos al calificar la conducta de los fiscales Di Santo, Miralles y Pizarro como un patrón homogéneo de desidia en la adopción de medidas efectivas para esclarecer el crimen. Señalaron que cada uno de ellos se aferró a una hipótesis sin explorar otras líneas de investigación, y carecieron de voluntad para considerar posibilidades distintas relacionadas con el círculo íntimo de Nora Dalmasso.
A pesar de un informe del FBI que recomendaba la toma de ADN de Bárzola, los fiscales responsables en cada periodo optaron por ignorar esta línea de pesquisa. La demora en la toma de pruebas, incluida la presión pública conocida como “la marcha del perejilazo” por el retraso en analizar al albañil Gastón Zárate, debilitó la investigación. La extracción final de ADN fue realizada por el fiscal Pablo José Jávega, quien tomó la causa una vez prescripta y declaró como testigo en el jury.
Di Santo estuvo a cargo entre 2006 y 2015, Miralles entre 2016 y 2017, y Pizarro desde 2017 hasta 2019. A pesar de los crecientes cuestionamientos a su desempeño, continuaron en sus cargos hasta su destitución reciente.
Durante la audiencia del jury, la fiscal general adjunta Betina Croppi solicitó la destitución inmediata de los tres fiscales, argumentando que actuaron con negligencia grave, lo que ocasionó un daño serio a la búsqueda de justicia en un caso que lleva 19 años sin resolución.
Croppi destacó que, desde el inicio, la víctima fue revictimizada y su intimidad vulnerada por la difusión de rumores alimentados por la propia fiscalía. También remarcó errores consecutivos en la recolección de pruebas y el abandono de elementos clave para el esclarecimiento.
Los tres fiscales se defendieron y pidieron su absolución, pero tras una extensa audiencia de casi 14 horas, el tribunal aceptó el pedido de destitución. Por unanimidad, el jury atribuyó a los fiscales “negligencia grave” y “mal desempeño” de sus funciones, además de la inhabilitación absoluta para ejercer cargos en el Poder Judicial provincial.
De acuerdo con la normativa vigente, el fallo del jury es inapelable; sin embargo, las defensas pueden recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba. La separación del cargo se efectúa de inmediato, por lo que los funcionarios cesan en sus funciones mientras se tramitan posibles recursos.
El jurado estuvo integrado por dos legisladores oficialistas, dos de la oposición y un miembro del Tribunal Superior de Justicia, y fue presidido por Julieta Rinaldi, la primera mujer en ocupar dicho cargo en el sistema provincial. Con este fallo se empieza a cerrar una herida profunda que marcó para siempre a una familia.
El crimen, que ocurrió el 25 de noviembre de 2006 en la casa de Nora en el country Villa Golf de Río Cuarto, consistió en una violación seguida de estrangulamiento con el cinto de su bata de baño. A lo largo de los años se acusó primero a Gastón Zárate
