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“¿Preguntó a las prestamistas el origen de los fondos?” – “No, porque las conocía”. Este breve intercambio tuvo lugar esta semana entre el fiscal Gerardo Pollicita y la escribana Adriana Nechevenko, quien intervino en tres operaciones inmobiliarias del jefe de Gabinete Manuel Adorni. Nechevenko no indagó sobre la legalidad del origen de los dólares utilizados para la compra de propiedades por parte del funcionario público. En Comodoro Py, esta explicación generó sorpresa y algunos señalan que podría haberse incumplido con los procedimientos exigidos para una escribana pública.
En menos de 24 horas, Nechevenko compareció dos veces en los Tribunales de Retiro ante Pollicita, encargado de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra Adorni. La escribana aportó detalles sobre las tres operaciones inmobiliarias que certificó, las cuales constituyen uno de los ejes del expediente impulsado en Comodoro Py por la diputada nacional Marcela Pagano.
El interrogante central sobre los movimientos de dinero vinculados a los viajes y la compra de propiedades desde diciembre de 2023 radica en si Adorni puede justificarlos con sus ingresos como funcionario público. Para resolverlo, la fiscalía ya emitió más de 30 oficios y citó a cinco nuevos testigos, además de las cuatro prestamistas que deberán declarar esta semana.
Un nuevo elemento se sumó al caso: el papel de la escribana en la concreción de las hipotecas privadas, su aceptación como parte del pago y la escrituración de tres propiedades: una en el barrio privado Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz, y dos departamentos en la Capital Federal.
En noviembre de 2025, Nechevenko gestionó para Adorni y su esposa, Bettina Angeletti, un préstamo privado de 100.000 dólares. Ese mismo día, la esposa del funcionario realizó un depósito de 20.000 dólares adicionales en el Banco Galicia, aportando al patrimonio familiar un total de 120.000 dólares. El préstamo tiene un interés anual del 11% y debe ser cancelado en noviembre próximo. Hasta la fecha, Adorni ha devuelto 30.000 dólares y le resta abonar 70.000. Estos montos fueron consignados en la escritura de la vivienda en Indio Cuá, que quedó formalizada tras el acto ante la escribana.
Tras esta primera explicación, el fiscal Pollicita preguntó a Nechevenko si había indagado sobre el origen de los fondos. Ella respondió que no, debido a que conocía a quien proporcionaba los 100.000 dólares. En una entrevista con Infobae, Nechevenko amplió: “No estoy obligada a pedir el origen del dinero. Con que declare que es de origen legal, ya está. Hoy en día ni siquiera estoy obligada a pedirlo”.
En cuanto al departamento ubicado en Miró 500, barrio de Caballito, fue Adorni quien gestionó la hipoteca privada respaldada por Claudia Sbabo y Beatriz Alicia Veigas, dos jubiladas que deberán prestar declaración testimonial esta semana en los Tribunales de Retiro. Cada una otorgó 100.000 dólares; el matrimonio aportó 30.000 dólares y la escritura se formalizó por un monto total de 230.000 dólares. Nechevenko aclaró que en esta operación no hubo dinero en efectivo, sino una hipoteca privada a favor de las vendedoras. Además, señaló que el hijo de una de ellas “era conocido de Manuel Adorni”, y que él también será citado como testigo.
Fuentes cercanas al expediente indicaron a Clarín que “podría tratarse de un presunto incumplimiento de la normativa anticipada y de ciertos deberes que una escribana pública no puede pasar por alto”. Por ello, se evalúa la apertura de una investigación para determinar si Nechevenko habría incurrido en alguna posible irregularidad o delito.
Pollicita, incluso tras tomarle declaración testimonial, solicitó a su equipo el detalle de la normativa y resoluciones de la Unidad de Información Financiera (UIF) relativas a la prevención del lavado de activos. El proceder de la escribana está siendo analizado y “podría terminar siendo investigada”, sostuvieron fuentes judiciales a Clarín.
“La reglamentación de la UIF establece que la escribana debe conocer el origen del dinero empleado, especialmente cuando se trata de una persona políticamente expuesta, por lo que la debida diligencia se refuerza. La escribana no puede actuar como intermediaria financiera ni gestionar fondos para operaciones”, explicó a Clarín la ex integrante de la UIF durante la gestión macrista, María Eugenia Talerico.
Talerico agregó que, dado el financiamiento inusual y el bajo precio pagado por el departamento de la calle Miró, junto con las operaciones concatenadas, la escribana debería haber presentado un Reporte de Operación Sospechosa (ROS) ante la UIF. Esto es obligatorio cuando se detecta una operación potencialmente irregular. El plazo para realizar este reporte es de 24 horas desde que se identifica la eventual sospecha, mientras que el análisis correspondiente puede tomar hasta 90 días hábiles. “Si no lo hizo, está en infracción”, advirtió Talerico, quien trabajó con Mariano Federici en la UIF entre 2015 y 2019.
Además, se remarcó que el escribano ejerce funciones de funcionario público y de fe pública, lo que implica que su actuación, bajo delegación del Estado, está sujeta al escrutinio del Colegio de Escribanos. La liviandad mostrada en declaraciones públicas por parte de Nechevenko en cuanto al cumplimiento
