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El investigador de la UNSE, Estaban Ithuralde fue uno de los 200 oradores que participó de la primera Audiencia Pública sobre la reforma a la Ley de Glaciares, entre 100.000 inscriptas.
Ithuralde es investigador del grupo Educación, Ambiente, Hábitat y Territorio del Instituto de Estudios para el Desarrollo Social (INDES).
“Mi posicionamiento fue que es necesario proteger estas regiones andinas que son zonas cruciales de protección, porque allí están las nacientes de nuestros ríos. Y muchos de estos ríos abastecen de agua dulce a provincias que tienen muy poca lluvia, como Santiago del Estero. Somos más del 55% de la población que vivimos en las cercanías del río Dulce y dependemos de esa agua para vivir. Si uno contamina la cuenca alta, esos contaminantes son arrastrados a medida que baja el agua”.
El investigador definió a la cuenca alta como “zonas periglaciares, ubicadas en las tierras del Aconquija y otras zonas de alta montaña en Catamarca, Tucumán y Salta”.
También expuso que “en Santiago del Estero tenemos una de las zonas de riego más extensas del noroeste. Son más de 290 mil hectáreas de riego que se usan para diversas producciones agrícolas y además para consumo ganadero. Casi toda la producción hortícola depende del agua, además del uso que se hace recreativo y turístico. En parte, es un gran atractivo turístico el embalse en Termas de Río Hondo. Eso también afectaría otras actividades socioeconómicas, además de las afectaciones a la salud de las personas y de la biodiversidad”.
En cuanto a los argumentos de quienes apoyan la reforma, dijo que “había mucha gente de las cámaras mineras de San Juan y los argumentos tienen que ver con que esto va a posibilitar mayor desarrollo, mayor producción, pero lo que uno se tiene que preguntar es qué otras producciones pueden verse obstaculizadas y cómo esto pone riesgo sobre la salud ambiental y humana. En Santiago del Estero, una buena parte de la producción agrícola, sobre todo hortícola, depende de la cuenca de agua. Cualquier afectación puede generar grandes daños a toda esta producción que genera una cantidad de puestos de trabajo no menores en la provincia, incluso agroindustriales”.
La reforma a la Ley de Glaciares, que ya tiene media sanción del Senado, redefine áreas protegidas y facilita la minería. La normativa reduce el alcance de la protección sobre las zonas periglaciares y otorga mayor autonomía a los gobiernos provinciales para habilitar proyectos mineros.
